17. oct., 2015

El pueblo, lo popular y la cosa pública

 

 El vocablo “popular” con que se adjetiva un partido o una corriente política es un significante vacío: no define nada.

Pero confunde.

Al “nacionalismo popular” no le importa el pueblo, sino la nación; es decir, la estructura del Estado; conducida desde luego por los demagogos que se valen del mismo pueblo al que sojuzgan. Esos demagogos se manejan como tiranos o como reyes.

Al “conservadurismo popular”, que es una variante moderada aunque cínica del primero, no le importa el pueblo, sino conservar el sistema por el que la élite gobernante multiplica sus negocios.

Y a la izquierda fraccionada, que ofrece distintas expresiones de “socialismo popular” y a la que tal vez sí le interese el pueblo, la sobrepasa el convencimiento que nace de la utopía: creer, con devoción y soberbia religiosas, que se puede penetrar en los grandes movimientos nacionalistas o conservadores –como el peronismo, en la Argentina- y constituir, desde adentro, una élite presuntamente revolucionaria. Eso creyó, por ejemplo, la guerrilla que alentó Perón para terminar deshaciéndose públicamente de ella el 1º de mayo de 1974, dos meses exactos antes de morir y hundir el país en el caos.

Con todos sus defectos y todas sus debilidades, es la república –la “cosa de todos”- el único sistema que ha demostrado –que demuestra- garantizar el acceso de los diferentes componentes del pueblo a un nivel de vida digno, razonablemente igualitario y razonablemente libre; al menos tanto como lo permite la inestabilidad del factor humano.

Y la república se consigue y se sostiene a través de la democracia representativa –no de la directa, siempre expuesta a y condicionada por las pasiones del momento que azuza la propaganda-. La república exige que el poder se parta y se distribuya en porciones equivalentes. Que no acabarán con la corrupción inherente a las cuestiones de poder, pero que la limitarán y la neutralizarán por contralor recíproco y por confrontación de intereses, tendiéndose como resultado al equilibrio. Quienes asumen el poder republicano, pueden ejercerlo con autoridad mientras les dure el mandato, pero no detentarlo como si fueran los dueños de ese poder. No les pertenece, apenas si les fue confiado y delegado por un período acotado de tiempo y, en cualquier caso, suficiente para gestionar “la cosa pública”. Y si estos mandatarios circunstanciales quisieren ganarse el favor de los votos para oportunidades futuras –nunca continuas, porque la continuidad en el poder desgasta y envilece- sabrán que es la gestión eficiente y no la propaganda y el clientelismo la mejor inversión. Las obras de gobierno, si son buenas, se ven; no hace falta promocionarlas a través de una infernal y costosa maquinaria propagandística que atenta material y moralmente contra los bienes del pueblo.

Nada nuevo. Montesquieu, las ideas surgidas con la Revolución francesa; Alberdi, en la Argentina, y la Constitución de 1853 que posibilitó el surgimiento de una república modelo en Sudamérica y paradigmática en el mundo. En síntesis, la modernidad.

Porque no es, como se cree, que la modernidad esté superada. Esto lo observaba ya a comienzos de los ’90, cuando arrasaba la ola posmoderna. La modernidad aún no comenzó en buena parte del mundo; pero hacia ella tiende, indefectiblemente, la evolución de la humanidad de la que formamos parte.